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  • Guatemala es un país de sueños, ilusiones y esperanzas rotas. De frustración, cansancio, desencanto y pesimismo crónicos. Donde la ausencia de credibilidad y confianza entre y dentro de los distintos sectores sociales son la constante. La corrupción, la impunidad y la conflictividad social son generalizadas. En Guatemala prevalece una severa crisis de seguridad ciudadana y tienen lugar todas las manifestaciones de un país pobre y atrasado, cuyo destino más bien parece un laberinto perfecto, un callejón sin salida.


    • Un país donde la gente sobra

      En la última década, la economía de Guatemala ha mostrado tasas de crecimiento reales significativas, aunque insuficientes. En 2014 el Producto Interno Bruto (PIB) experimentó una expansión del 4%, la más alta en el promedio regional. Aun mostrando esos ritmos de expansión económica, el crecimiento no alcanza para todos. Desde una perspectiva cínica, hay mucha gente que sobra, que no tiene cabida, que no encuentra respuestas a sus necesidades más esenciales.

      Cada año ingresan 200 mil jóvenes al mercado laboral y de ellos solo 40 mil –el 20%– consigue un trabajo estable. A los 160 mil jóvenes restantes solo les queda como destino la informalidad (un círculo perverso de pobreza-exclusión-baja productividad), la participación en los mercados ilícitos y criminales, la militancia en las maras y, en el mejor de los casos, la migración hacia Estados Unidos.

      Las grandes mayorías de guatemaltecos están excluidas y viven en la marginación y la miseria. El racismo y la radicalización ideológica son atroces por el daño que provocan al tejido social y a una vida en armonía, tolerancia a las diferencias y sin prejuicios. La riqueza está en pocas manos y la brecha entre ricos y pobres es abismal y creciente. Guatemala es el país más desigual, en el hemisferio más desigual del mundo. El 50% de los niños menores de cinco años padece desnutrición crónica y, por lo tanto, tiene como sentencia inapelable un futuro de limitaciones y carencias: un “no futuro”.

    • De cada quetzal que ingresa al presupuesto del Estado, menos del 1% llega a la gente que realmente lo necesita, con un discutible impacto marginal en la satisfacción de sus necesidades más sentidas.


    • Guatemala es el país de Latinoamérica con menor proporción de clases medias. Con datos de 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que en Guatemala tan solo una persona de cada diez, vive con un rango de ingresos entre US$10 a US$50 por día: son los considerados de clases medias, que desde hace más de tres décadas, están en una franca tendencia decreciente. En Argentina la clase media alcanza el 65.9% de la población total, en Uruguay el 63.3%, en Paraguay el 49.2%, mientras en Guatemala la clase media apenas alcanza el 14%.

      El BID, también documenta que en Guatemala el 54% de los habitantes vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La población pobre registra ingresos menores a los US$ 12 por día, en tanto la población más vulnerable tiene ingresos menores a los US$5 por día. Es tan solo, un escandaloso 0.3% de la población, la que puede ser considerada de altos ingresos, arriba de los US$62 por día.

      Debido al avance vertiginoso de la tecnología, que ha transformado de manera significativa los niveles de la educación y el conocimiento, la brecha entre Guatemala y los países desarrollados ha aumentado descomunalmente. Los motores que explican el crecimiento de la economía son insuficientes para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos. Salpican a la población pobre y marginada de manera muy limitada y con ostensible lentitud.

      La carga tributaria es modesta; la evasión y elusión, significativas y el contrabando es escandalosamente voluminoso. Los últimos seis años se han caracterizado por un nuevo ciclo de políticas fiscales moderadamente expansionistas, pero recurrentes, con déficits fiscales difíciles de sostener en el largo plazo. Con el agravante de que el gasto y la inversión pública carecen de sentido de prioridades, transparencia, calidad, impacto social y eficacia. El gasto está dominado enteramente por la opacidad y la corrupción voraz e insaciable de la cleptocracia que ha capturado nuestro sistema político.

    • La deuda pública

      Mientras tanto, la deuda pública externa e interna han crecido exponencialmente en los últimos 15 años: la deuda pública externa pasó de US$3,843.9 millones, en 2004, a US$9,300 millones, con la venta bonos del tesoro en el extranjero por un monto de US$1.2 millardos la semana pasada. Este incremento representa un crecimiento de deuda pública externa del 141%. En términos prácticos, durante éste período, la deuda externa de Guatemala va camino a triplicarse.

      En tanto, la deuda pública interna, entre 2004 y 2017, experimento un crecimiento explosivo del 567.1%, pasando de Q12.8 millardos a Q85.5millardos.

    • Chalecos de fuerza en las Finanzas Públicas

      En las finanzas públicas enfrentamos graves distorsiones que impiden que el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Nación sea un instrumento eficiente para que el Estado cumpla sus funciones constitucionales de proteger y procurar el bienestar de sus habitantes.

      La defraudación tributaria derivada del contrabando alcanza los Q12 millardos y la evasión del IVA llega a los Q4 millardos. Esas cifras alcanzan, en su conjunto, el 3% del PIB. En términos conservadores, el gasto directo en seguridad del sector privado, ante las carencias de la seguridad pública, ronda el 1% del PIB. Quiere decir que entre la defraudación tributaria derivada del contrabando, la evasión del IVA y el gasto directo en seguridad que se ve forzado a realizar el sector privado, el Estado podría aumentar la carga tributaria en aproximadamente 5% del PIB.

      Es insoslayable la acometida de una drástica y severa reducción y racionalización del gasto público superfluo, oneroso y lesivo a los intereses del bien común. El gasto está destinado al clientelismo, el nepotismo, el amiguismo, las coimas, compras y contratos discrecionales y plazas fantasma. Estas últimas son una epidemia en el Estado, y se caracterizan por salarios fuera de proporción y sin productividad alguna. Un caso paradigmático es el del Congreso de la República, que cuenta de manera insólita con 2,177 plazas –diez meses atrás eran 3,500 plazas– supuestamente para asesorar a los diputados. En realidad no se requerirían ni justificarían más de 1,000 plazas. En consecuencia, en el Congreso habría que eliminar al menos 1,800 plazas, que simplemente sobran y representan un asalto a mano armada al erario público. Esta acometida quirúrgica a los gastos escandalosos del Congreso serviría de ejemplo para realizar cirugías drásticas en todas las instituciones del Estado, incluidas aquellas que gozan de autonomía.

      La Procuraduría General de la Nación (PGN), con sentido de urgencia, está obligada a dictaminar como inconstitucionales los pactos y convenios colectivos de las condiciones de trabajo, suscritos entre el Estado y sus instituciones y los sindicatos. De manera que el propio Estado o terceros interesados los puedan impugnar y pedir su disolución ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

      El presupuesto público tiene tanta rigidez y tantas camisas de fuerza constitucionales que es imposible que pueda ser un instrumento para responder a las grandes necesidades y exigencias del desarrollo. No funciona para mitigar la pobreza y cerrar los grandes déficits sociales, ni para desarrollar las urgentes inversiones públicas en infraestructura masiva que son indispensables para el país. Existen asignaciones fijas para destinos específicos que carecen de prioridad nacional. Así como una estructura de gasto que privilegia los desembolsos superfluos y burocráticos y la centralización, soslayando inversiones que son claves e impostergables. De cada quetzal que ingresa al presupuesto del Estado, menos del 1% llega a la gente que realmente lo necesita, con un discutible impacto marginal en la satisfacción de sus necesidades más sentidas.

    • El Mal Holandés

      Las tasas locales de intereses reales, al menos durante las últimas tres décadas, han sido considerablemente más altas que las tasas de interés de las diferentes plazas financieras internacionales. Esto ha provocado el ingreso de capitales especulativos –también conocidos como capitales “golondrina” o “turistas”– en busca de mejores rendimientos en el corto y mediano plazos. A su vez, esto ha generado innecesarias pérdidas financieras al Estado y ha contribuido a la revaluación del quetzal en claro perjuicio de las exportaciones. Estas acciones han resultado en el abaratamiento de las importaciones, la destrucción de la base productiva de la economía nacional, socavando la competitividad de Guatemala. Las remesas familiares provenientes de Estados Unidos, el voluminoso lavado de dinero y el capital “golondrina” han hecho experimentar a la economía guatemalteca la enfermedad cambiaria conocida como “el mal holandés”, cuya principal característica es la sobrevaluación del quetzal.

      Por cierto, la moneda local sobrevaluada también representa menores ingresos para los guatemaltecos que tienen el privilegio de recibir remesas familiares. Estas alcanzan US$8 millardos, equivalentes al 10% del PIB. Obviamente las altas tasas de interés reales son onerosas y asfixian a los medianos y pequeños empresarios y limitan el indispensable desarrollo de un mercado interno vigoroso.

      Esta combinación de variables económicas, financieras, políticas y sociales resulta una fuente de inevitables nuevas etapas y ciclos de conflictividad, inestabilidad e incertidumbre financiera, económica y social, por lo tanto, de graves riesgos para la viabilidad del sistema político, que de por sí, presenta notables carencias en su estructura, y pone en serias dudas sus posibilidades de sobrevivencia.


    • Guatemala es uno de los países que menos invierte en educación y, aun así, el dinero invertido se pierde: su destino es la cobertura sin ninguna preocupación por la calidad de la enseñanza-aprendizaje.

    • El desastre educativo

      Todos coincidimos en que la educación es uno de los únicos caminos para la indispensable búsqueda de igualdad de oportunidades y desarrollo. Sin embargo, en Guatemala la educación sigue ignorando las exigencias del presente y más aún las del futuro. La cobertura es baja y es pobre en calidad. Los recursos destinados por el Estado para la enseñanza de los niños y jóvenes son muy reducidos, y más bien tienen como objetivo mantener el apoyo político gremial de los maestros al régimen de turno. La enorme insuficiencia de capital humano es una de las características distintivas de Guatemala. Es más, el país no cumplió ni uno solo de los Objetivos del Milenio a los que se comprometió en las Naciones Unidas.

      Guatemala es uno de los países que menos invierte en educación y, aun así, el dinero invertido se pierde: su destino es la cobertura sin ninguna preocupación por la calidad de la enseñanza-aprendizaje. Lo que aprenden los niños y niñas les es inútil para progresar en sus vidas: no saben leer, carecen de vocabulario y sus matemáticas son precarias. Que acudan a la escuela y terminen su ciclo de estudios, de ninguna manera quiere decir que hayan aprendido algo que valga la pena. Los contenidos escolares son, por lo general, una garantía de fracaso y frustración, pero sobre todo de injusticia. Como en todo, los más pobres son los más afectados: relegados a la marginación y a la miseria, se transforman en alimento suculento para la economía ilícita y criminal, y para la conflictividad.

      Las razones del fracaso escolar pasan por contenidos educativos rudimentarios y desactualizados, impartidos por maestros con elevados niveles de ausentismo e irresponsabilidad laboral. A esto se suma la desnutrición crónica y la vulnerabilidad a las enfermedades respiratorias y gastrointestinales en los niños y niñas, así como la presión y la necesidad de muchos de ellos de aportar y contribuir al sostenimiento de sus hogares.

      El presupuesto asignado a la Educación, lejos de responder a preparar con solidez y pertinencia a los infantes en diferentes ecosistemas y comunidades lingüísticas, para aprovechar eficazmente sus oportunidades, de por sí muy limitadas, termina en los bolsillos de los líderes de los sindicatos de maestros que controlan el sistema.

    • La Cleptocracia

      La ciudadanía, los partidos políticos y el Estado y sus instituciones están absolutamente divorciados. Los partidos políticos son tan solo vehículos electorales, sin estrategias, planes ni programas para gobernar: no tienen la menor idea de lo que significan las estrategias nacionales, las políticas públicas y los motores de desarrollo. En lugar de políticos profesionales, tenemos vulgares organizaciones de ladrones que buscan en la política un vertiginoso ascenso económico y social, a costa de depredar los magros recursos públicos. Por encima de los planes de Gobierno, están los planes de negocios y corruptelas que son los que ejecutan los mercaderes de la política.

      Los partidos son autocráticos, caudillistas, verticales, nepotistas y cerrados. Se encuentran en manos de “narcocleptócratas”, cuyo objetivo único es salir a la velocidad de la luz del anonimato financiero. La participación política es restringida y no existe articulación social ni liderazgos visibles. No hay igualdad de oportunidades políticas: en las tres últimas elecciones se requería al menos de Q800 millones para que un candidato y su partido pudieran ser competitivos en la contienda electoral. Un monto que solo puede provenir de las mafias criminales, fundamentalmente del narcotráfico, del monopolio de la televisión y el oligopolio de la radio, de la enorme corrupción que tiene su origen en el gasto y la inversión pública, y, en menor grado, aunque todavía significativo, de la oligarquía, que sin embargo es más cuidadosa con su patrimonio y aporta relativamente poco a las campañas, pero que, aun así suele tener poder de picaporte y capacidad de veto en las decisiones de políticas públicas, aunque cada vez con menor peso. La influencia de la oligarquía está más bien orientada a mantener y preservar el statu quo a toda costa.

      En las últimas elecciones, por primera vez, fue posible observar un proceso electoral en el que la “cleptocracia” financió la competencia política con fondos, fundamentalmente, provenientes de la corrupción derivada del presupuesto de gastos e inversión del Estado: el partido oficial, en alianza con el principal partido de oposición, aprobó en el Congreso el presupuesto 2015, que incluía Q1,800 millones para obras discrecionales, cuyo verdadero destino eran los gastos de campaña de estos dos partidos.

      Es justo decir que los Q800 millones necesarios para poder competir en la contienda electoral con posibilidades de éxito, han quedado de lado con la reciente reforma electoral. En esta se ha fijado un techo financiero para la campaña en alrededor de Q29 millones por partido, cifra de la que Q9 millones provendrían del Estado. Los restantes Q20 millones, teóricamente provendrán de donantes privados y quedarán registrados en los libros de cada agrupación política y en los registros pertinentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE). No está claro, sin embargo, cómo podrán evitar, fiscalizar o monitorear las donaciones en especie o las contribuciones de dinero “sucio” en efectivo provenientes de las estructuras criminales y mafiosas. Cabe señalar, que la reciente reforma electoral es una supercarretera para que los caciques de la vieja política, que son los conocidos por la gente, de manera muy pero muy preponderante, específicamente Sandra Torres, sean imbatibles.

    • presidentes
  • En las elecciones del año 2000, La Cofradía o Poder Paralelo retomó el poder Ejecutivo de manera casi absoluta con Alfonso Portillo, quien no fue más que su títere y empleado

    • El poder paralelo

      Apesar de que se firmó la paz en diciembre de 1996, el Estado y sus instituciones continúan con un enfoque de espionaje, intimidación y represión contra los disidentes. Los organismos e instituciones de control y fiscalización del Estado están completamente mediatizados e infiltrados, persiste la ausencia de transparencia y la discrecionalidad en el manejo de la cosa pública. El nepotismo, el amiguismo y el clientelismo están completamente extendidos. Los abusos del poder público derivados de la ausencia de fiscalización, de controles, balances y contrapesos efectivos son la constante.

      La corrupción gubernamental es excesiva y oscila entre la sofisticación y las técnicas depuradas de los tiempos de Álvaro Arzú (1996-2000) y el cinismo, descaro y desfachatez absolutos, como han sido los casos grotescos de las administraciones de Alfonso Portillo (2000-2004), Otto Pérez Molina (2012-2015) y, aunque en dimensiones aún menores, también en la administración de Jimmy Morales (2016 a la fecha).

      El Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas (los supuestos “poder control”) siguen teniendo, estrechos vasos comunicantes con la Presidencia de la República y un peso marginal en la vida del país. No tienen independencia, ni autonomía política ni financiera y están subordinados al régimen de turno, al poder militar y a las mafias criminales.

      En pleno siglo XXI, son los presidentes –en alianza de intereses con las mafias del narcotráfico, la cúpula militar y grupos reducidos del sector privado tradicional– quienes ostentan, abusan y se enriquecen del poder público de forma autoritaria, intolerante y abusiva, mientras ignoran y dejan de lado las necesidades básicas de las grandes mayorías de la población.

      Nuestra democracia ha sufrido una metamorfosis siniestra y se ha transformado en una “narcocleptodictadura” que elegimos cada cuatro años. Así, el cleptodictador de turno cogobierna con las mafias criminales, básicamente con los cárteles de las drogas, la cúpula militar y unos cuantos intereses privados, derivados del financiamiento electoral.

      El orden de cosas que sufrimos tuvo su origen en la Cofradía, conocida también como el Poder Paralelo, conformada en 1982 por generales y altos oficiales de inteligencia del Ejército de Guatemala, que tomaron el control del país y de las organizaciones criminales, lo que los convirtió en una mafia suprapoderosa, que ha sido conocida en diferentes épocas también como el Grupo Salvavidas y más recientemente como la Línea.

      A finales de la década de 1970, con propósitos contrainsurgentes, el Ejército incrustó una organización en el Ministerio de Finanzas Públicas, cuyo fin utópico era detectar importaciones de pertrechos de guerra (tráfico de armas y municiones) destinados a la guerrilla.

      Con el paso del tiempo este grupo amplió sus tentáculos y penetró en otras instituciones clave del Estado, que le sirvieron de plataforma para realizar con éxito operaciones de contrabando convencional, robo de furgones de café, tráfico de indocumentados, trata de personas, robo de vehículos, secuestros, asaltos a bancos y prodigar información, inteligencia, estrategia, apoyo logístico, infraestructura y protección a las operaciones del narcotráfico.

      Otra de las circunstancias que contribuyeron al surgimiento de esta organización paralela, fue la prohibición del Congreso estadounidense, a principios de la década de 1980, de proporcionar ayuda militar sobre la mesa a Guatemala. El Ejército guatemalteco fue adiestrado clandestinamente por la CIA, en ese entonces, para “tumbar” drogas, venderlas en los mercados ilícitos y, con las ganancias, comprar armas en el mercado negro.

      De manera oficial la guerra en Guatemala duró hasta 1996. No obstante, el enfrentamiento militar había terminado virtualmente a finales de 1982. De cualquier manera, durante el período comprendido entre 1982 y 1996, la guerra oficial sirvió de cortina de humo, de paraguas, para que esta organización transformara el Estado de Guatemala en un Estado delincuente que, con absoluta impunidad, se dedicó a asaltar a los guatemaltecos.

    • corrupcion
    • Para lograr sus objetivos siniestros utilizaron el soporte, el poder y la infraestructura que proporcionan la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, la Dirección de Inteligencia, la Dirección de Contrainteligencia y el Estado Mayor Presidencial.

      Este oscuro grupo seleccionó entre sus subalternos y compañeros de promoción, a oficiales permisivos, propensos y susceptibles a la corrupción para ocupar las posiciones clave dentro del Ejército y dentro de la administración pública, lo cual les permitió tejer una red paralela alrededor de toda la estructura del Estado, y fundamentalmente dirigir sus acciones delincuenciales con absoluta eficacia e impunidad.

      Los gobiernos de facto de los generales Efraín Ríos Montt y Óscar Mejía Víctores y los gobiernos electos democráticamente de Vinicio Cerezo y Jorge Serrano Elías representaron el complemento ideal para que este grupo paralelo ampliara, ajustara y mejorara su organización criminal dentro del Estado.

      En la actualidad, casi 40 años después, su estructura continúa intacta y, además, se ha institucionalizado. Ha sobrevivido y superado con éxito dos golpes de Estado y cuatro intentos de ruptura constitucional; una Asamblea Nacional Constituyente; ocho elecciones generales; dos consultas populares; la depuración del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debido a la presión popular en 1994, derivada del autogolpe de Jorge Serrano, que culminó con la renuncia irrevocable de los 116 diputados y de la CSJ en pleno y de dos presidencias de transición.

      En las elecciones del año 2000, La Cofradía o Poder Paralelo retomó el poder Ejecutivo de manera casi absoluta con Alfonso Portillo, quien no fue más que su títere y empleado. Después se vio forzada a cohabitar y cogobernar de manera muy incómoda por cuatro años con Óscar Berger (2004-2008), adoptando un perfil muy bajo, para luego recuperar el poder, una vez más, a través de Sandra Torres y Carlos Quintanilla, durante el gobierno de la UNE (2008-2012); de Otto Pérez y Roxana Baldetti, durante el gobierno del PP (2012-2015), y de Jimmy Morales en los últimos cuatro años. En estos períodos presidenciales ha mantenido el poder hegemónico en sus manos, y la sombra del general retirado Francisco Ortega Menaldo ha sido omnipresente, aunque la dirección o presidencia ejecutiva de Poder Paralelo ha caído en tiempos recientes en manos de otro general retirado, Ricardo Bustamante, conocido entre sus amigos como Busta –quien por cierto ha sido, en términos prácticos, la nodriza intelectual de Jimmy Morales, cuyo raciocinio se caracteriza por sus excesivas limitaciones y enorme precariedad.

      De esta manera, La Cofradía o Poder Paralelo ha logrado desarrollar un Estado eficaz para servir a las mafias criminales y contar con una red de funcionarios en posiciones clave, infiltrada en todas las instituciones estatales, que les permite mantener subordinada y a su servicio a toda la administración pública, incluidos el Ejército y la Policía Nacional Civil, dentro de cuya organización existe el cartel de tráfico de drogas más temible del país, conocido como el cartel del Tumbe o de La Charola, en el cual participan policías de todas las jerarquías, desde los principales directores y comisarios, hasta simples agentes.

      La Cofradía, que logró transformar nuestro sistema en una eficaz “narcocleptodictadura”, ha basado su poder en el control de las aduanas de puertos, aeropuertos y fronteras terrestres y, consecuentemente, de las operaciones del contrabando y de su correspondiente defraudación tributaria; de los ingresos derivados de proveer seguridad, protección, inteligencia, estrategia y apoyo logístico al narcotráfico; de documentar migrantes irregulares y de facilitar el tráfico de armas y la trata de personas, entre otros “negocios” poco ortodoxos.

      Entre los exoficiales de inteligencia que integran y dirigen nuestra narcocleptodictadura destacan los ya mencionados Francisco Ortega Menaldo y Ricardo Bustamante –quien hoy día maneja los hilos operativos del “suprapoder” paralelo y es la bisagra con los poderes del Estado– , los también generales retirados Manuel Antonio Callejas y Callejas, Roberto Letona Hora, Hugo Morán Carranza, Roberto Perussina Rivera, Moris Eugenio de León Gil; el coronel Jacobo Salán Sánchez y el mayor Napoleón Rojas.

      En términos institucionales, La Cofradía o Poder Paralelo representa la organización más poderosa de la región, se mantiene con solidez hasta la fecha y, desde las sombras, continúa conduciendo los destinos de la nación. Entre otras estrategias para “blindar” el statu quo, ha instalado y enraizado un contexto perenne de incertidumbre, polarización y radicalización ideológica, para entretener a la población en una eterna guerra verbal artificial, de supuestas luchas entre extremas derechas e izquierdas atrincheradas, que no tiene final previsible. Mientras, a través de organizaciones de “fachada”, entre ellas Avemilgua, “fabrican” presidentes de la República, tal el caso del pillo de Alfonso Portillo o Jimmy Morales. En la actual contienda presidencial, han perdido a Zury, pero aún tienen a Sandra y a Giammattei con muy buenas posibilidades.

      Los guatemaltecos caen en el juego de la polarización y radicalización ideológica, y no terminan de percatarse, que no es asunto de izquierdas ni derechas, ni de buenos ni malos: es de corrupción e impunidad institucionalizada y extendidas a gran escala. Un sistema corrompido que ha envilecido a todos, cuya constante es el robo institucionalizado. La corrupción es la regla, en un contexto de legalidad simulada, al extremo de que, por décadas, ha sido aceptada por la población como algo “normal”.

      La Cofradía o Poder Paralelo recibe beneficios de Q11.7 millardos –equivalentes al 2% del PIB– tan solo con el producto del contrabando convencional en las aduanas y su consecuente defraudación tributaria. El trasiego de cocaína alcanza las 13 mil toneladas y las incautaciones que realizan las autoridades guatemaltecas no alcanzan siquiera el 1%. A cambio de protección, seguridad, almacenaje, corredores seguros y soporte logístico, el Poder Paralelo o la “paradictadura” recibe un estimado de Q19.5 millardos, equivalente al 3.4% del PIB. Es decir, entre la defraudación tributaria y el trasiego de cocaína –dejando de lado la heroína y las drogas químicas (metanfetaminas)– el Poder Paralelo percibe el 5.4% del PIB. Si se suman a estos rubros los ingresos derivados de la heroína, de las drogas químicas (metanfetaminas) provenientes de China, de la mariguana, de las transacciones del mercado negro de armas y municiones, de indocumentados y de la trata de personas. Los ingresos del Poder Paralelo son semejantes a los ingresos fiscales del Estado.

    • La “narcocleptocracia”

      Guatemala se ha transformado en una siniestra “narcocleptocracia”, en un sindicato criminal de rateros insaciables que ha capturado al Estado y sus instituciones para expoliarlas incesantemente. En un sistema político donde la incansable y voraz corrupción es sistemática, generalizada y permanente y en el cual todos los altos funcionarios –en complicidad con las dirigencias de los partidos políticos, los sindicatos, los contratistas y proveedores del Estado, los grandes financistas de campaña, pero fundamentalmente con los directivos de la “narcocleptocracia” se han organizado de manera deliberada y consciente para enriquecerse y utilizar su riqueza a fin de perpetuarse en el poder. Son del todo insensibles a las necesidades y demandas de la población.

      La “narcocleptocracia” es la verdadera superestructura del poder. Es el propio Estado y dueña del sistema político. Poco o nada de impacto tendrían, entonces, los US$2.2 millardos que los Estados Unidos ofrecían a los países del Triángulo Norte de Centroamérica –que representan la modesta suma de US$147 millones por año– durante un periodo de cinco años, para cada uno de los tres países del norte de Centroamérica. Si Honduras, El Salvador, pero fundamentalmente Guatemala, son parte de una “narcocleptocracia” enquistada en el poder que, además, es insensible a la severa desnutrición crónica, a la falta educación, a la pobreza extrema y a la falta de oportunidades de nuestra gente.

      Carecemos de partidos políticos serios, con ideología, y, como se dijo, más bien son organizaciones de ladrones muy sofisticados y experimentados. Pero, si la corrupción de los gobiernos centrales ha sido explosiva y exponencial, en las 340 municipalidades esta espiral de descomposición no ha conocido fronteras, ya que no existe –en términos prácticos– ningún mecanismo de rendición de cuentas.

      Guatemala ha sido un paraíso exuberante para la corrupción y la impunidad. Son miles de millones de millardos de quetzales que han terminado en los bolsillos de altos funcionarios, en muchos casos en complicidad y colusión con empresarios inescrupulosos y “pragmáticos”, a cambio de la concesión de licencias, permisos, pagos de deudas de arrastre, contratos, privilegios, exoneraciones de multas millonarias, amnistías fiscales a la medida, concesión de tierras estatales estratégicas a manos privadas, barreras de protección artificiales a oligopolios y monopolios en perjuicio del mercado local y la libre competencia; de leyes y barreras rebuscadas que provocan insuficiencia de oferta y, en consecuencia, precios locales significativamente más altos que los que prevalecen en el mercado mundial. En las últimas cuatro décadas ha causado perplejidad cómo se han adjudicado usufructos vitalicios gratuitos de frecuencias para televisión, radio y telefonía celular, que podrían significar para el fisco como mínimo Q40 millardos cada diez años. Sin embargo, los beneficiarios de los usufructos de las frecuencias en lugar de pagar al Estado el valor real por el uso de las franquicias, se han limitado a untar con coimas al funcionario de turno que tiene las facultades de extender el horizonte de explotación de las frecuencias. En el caso más reciente, los usufructuarios de las frecuencias más importantes, se limitaron a reunir un cuchubal de US$50 millones para Roxana Baldetti y de Q14 millones a la mayoría simple de los diputados del Congreso.

      Un caso paradigmático es el de Jorge Raúl García Granados quien, con el apoyo del gobierno de Alfonso Portillo y los poderes paralelos, retorció la Ley de Maquilas de manera siniestra y sistemática. Desde el año 2000 importó grandes cantidades de pollo, supuestamente para agregarle valor y luego reexportarlo. Sin embargo, dejaba este pollo de contrabando en el país, en tanto realizaba exportaciones fantasmas del producto a Jamaica y con cinismo cobraba cantidades millonarias de créditos fiscales derivados de sus supuestas exportaciones. Un negocio redondo. No solo ha gozado de impunidad sino, además, se ha transformado en el broker más importante en América Latina de pollo Tyson, la empresa avícola más grande de Estados Unidos.

      Otro caso es el del mexicano Ángel González, quien bajo el cobijo y la protección de La Cofradía obtuvo la concesión gratuita del usufructo vitalicio de las frecuencias de televisión abierta, lo que lo ha llevado a convertirse en el magnate de la cadena más grande de televisión abierta en América Latina, desde Guatemala hasta Chile, pasando por Uruguay, Argentina, Ecuador y Perú, entre otros países de América del Sur, en los que con su estructura monopólica de televisión y radio, ha sido el bastión de la corrupción, la impunidad, de los abusos y excesos de poder.

      González ha sido el único civil con una silla en la directiva de La Cofradía desde 1982. Desde allí influyó en la selección del Director de Inteligencia Militar de turno y sus noticieros han sido la caja de resonancia de la desinformación y las operaciones de represión sicológicas de los gobiernos autoritarios de derecha o izquierda en el poder en cada país de Latinoamérica donde tiene operaciones siniestras y donde, por cierto, ha sido el principal enemigo de la prensa y los periodistas independientes. González jamás ha sido melindroso ni alérgico a ninguna ideología ni al poder establecido. Su tarea clave, por más de cinco décadas, ha sido realizar publicidad y propaganda a favor de los candidatos escogidos por la “narcocleptocracia” –inversión que luego recuperaba con creces a través de asignaciones millonarias de las distintas instituciones del Estado- y presentar propaganda oficial y oficiosa del gobierno de turno, en lugar de noticias e información imparcial.

    • corrupcion
  • Los candidatos presidenciales suelen convertirse en millonarios entre el inicio de la campaña electoral y la toma del poder Ejecutivo.


    • Guatemala ha sido un paraíso exuberante para la corrupción y la impunidad. Son miles de millones de millardos de quetzales que han terminado en los bolsillos de altos funcionarios...

    • Corrupción e impunidad

      También los funcionarios y los diputados tienen su propia dinámica de corrupción a través de plazas fantasma –se estima que en Guatemala el 24% de las plazas del Estado son fantasma–; de la asignación amañada de proyectos y contratos millonarios para sus propias empresas de cartón; de plazas para sus familiares y amigos y de la apropiación de bienes y servicios del Estado. Sobra decir que muchas de las empresas multimillonarias del país –entre ellas, Sigma Construcciones, que en dos décadas acumuló contratos por Q56 millardos sin concursar ni competir–, se han conformado exclusivamente a partir de contratos estatales.

      En el Ejecutivo han sido usuales las transferencias de presupuesto hacia el Ministerio de la Defensa que llevan como destino final los bolsillos de los presidentes de turno y de los altos mandos militares. Para esto utilizan como blindaje efectivo el “secreto de Estado” del que gozaba hasta hace un par de años sin justificación alguna el Ejército, como legado de una guerra que terminó desde el punto de vista militar en 1982.

      En el caso específico de los diputados, desde los inicios de la transición democrática –un proceso que jamás termina de cristalizar– han cobrado comisiones y mordidas por la aprobación anual de deuda externa y la colocación de deuda interna; por dar el visto bueno a proyectos de infraestructura que vienen con préstamos atados y por la aprobación del presupuesto anual de la Nación, que se les paga con obras y proyectos asignados a sus empresas –o a través de empresas de terceros– por el organismo Ejecutivo. Esa amplia red de empresas sirve de puente para que los recursos estatales lleguen a sus bolsillos.

      Entre 2007 y 2018 el voto de cada diputado se ha venido cotizando en Q350 mil –equivalente a US$50 mil– como ocurrió en el sonado caso Odebrecht. Por último, los diputados, además de obtener un sinnúmero de plazas en los poderes Ejecutivo y Legislativo, tienen contratados en el propio Congreso a más de 2 mil asesores, la mayoría parientes, amantes o afiliados a sus respectivas organizaciones políticas.

      En las elecciones la constante es que las leyes de financiamiento electoral se transgreden y son un impedimento a una genuina competencia y un obstáculo a la igualdad de oportunidades políticas. Los financiamientos ilícitos se mezclan con los lícitos y superan con creces los techos establecidos por el TSE. Se transgrede la ley para alcanzar el poder y se vuelve a violar para pagar los compromisos de campaña.

      Los candidatos presidenciales suelen convertirse en millonarios entre el inicio de la campaña electoral y la toma del poder Ejecutivo. Los donantes sobreentienden que buena parte de sus donaciones son para engordar el bolsillo de los candidatos y representan un instrumento clave para ejercer derecho de picaporte durante la gestión del ganador.

      La corrupción y la impunidad distorsionan los precios, la competencia, las inversiones, los ingresos fiscales. Debilitan las respuestas apropiadas del Estado a las brechas y déficits sociales. Aumentan los niveles de violencia y deterioran la seguridad y la justicia. Pero, sobre todo, son causa de la alteración y trastrocamiento de los valores y los principios de la sociedad y son responsables de una especie de pragmatismo pervertido que privilegia, reconoce y admira a quien careciendo de escrúpulos, transgrede la ley y experimenta desdén y desprecio por aquellos que la respetan.

      Guatemala es un reino exuberante de corrupción e impunidad, en donde la cobertura del Ministerio Público alcanza apenas el 10% del territorio nacional. No existe cultura de denuncia, menos políticas imparciales de persecución penal, castigo del crimen y el delito. Tampoco de resarcimiento a la sociedad y al Estado por parte de los transgresores de la ley. En los índices de Percepción de la Corrupción y de Estado de Derecho, Guatemala está en el puesto 143 de 155 y en el 97 de 113, respectivamente, junto a Bangladesh, Kenia y Mauritania. En el ranquin de los países con los servidores públicos más corruptos, Guatemala tiene 28 puntos por debajo del promedio calificado en África Subsahariana, cuyos Estados son percibidos con los mayores niveles de corrupción y con conflictos crecientes e irreversibles de desintegración nacional y se caracterizan porque presentan la situación más precaria en todos los sectores sociales, políticos y ambientales y la mayor parte posee gobiernos autoritarios.

    • La Comisión Internacional contra la Impunidad en guatemala, (CICIG)

      Con la llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG), el país experimentó avances triunfales en la lucha contra la corrupción y la impunidad. La clave fue que durante cuatro años la CICIG contó con el apoyo de una Fiscalía General que rompió sus vasos comunicantes con la Presidencia de la República y los poderes establecidos, por cierto, inmunes a la ley, y tuvo el apoyo, eso sí, condicionado y parcial de Estados Unidos y sus agencias.

      En el proceso hubo errores y posiblemente injusticias. Se careció de políticas “transicionales” para cerrar el abismo y divorcio entre nuestras costumbres y nuestras leyes. No hubo caminos ni protocolos institucionales para que empresas y personas estuvieran en posición de “limpiar” y “honrar” su pasado, de suerte que, luego de reconocer sus errores, resarcir al Estado y cumplir penas y sanciones reducidas o condenas suspendidas, pudieran enfocarse con certidumbre en la construcción del futuro. Faltó estrategia para no despertar todos los miedos y amalgamarlos para defender, consciente o inconscientemente el status quo criminal.

      Sin embargo, los intereses en conflicto en Washington, las contradicciones entre la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en sus operaciones de campo en Guatemala, el odio visceral de la administración Trump a las Naciones Unidas y al multilateralismo, el oportuno tino del gobierno guatemalteco –aunque en contra de los compromisos internacionales de Estado– para reconocer con pragmatismo, junto a Trump, Jerusalén, como la capital de Israel y, por lo tanto, conseguir el apoyo militante del poderoso y eficaz cabildeo judío en Estados Unidos, se tradujeron en un manto de impunidad implícito con el que favorecieron a Jimmy Morales, al menos, mientras termina su mandato en enero de 2020. Así, el Imperio fue cómplice silencioso de la zancadilla definitiva a la CICIG.

      El progresivo vacío de poder que se vio forzado a dejar La CICIG, fue llenado muy rápidamente por la narcocleptocracia, los poderes fácticos y sus operadores: el Pacto de Corruptos, las redes de corrupción que articulan las cortes de justicia y al propio Jimmy Morales, que juntos lograron moderar y contener la eficacia del Ministerio Público y estancaron los avances en el afianzamiento y procuración de justicia.

      Esta situación hace previsible inminentes regresiones y severos retrocesos en la lucha contra la corrupción, el crimen y la impunidad, al extremo que es imposible anticipar que se pueda dejar atrás el narcotráfico y la cleptocracia, las trasgresiones a las leyes, el Estado capturado por mafias, estructuras paralelas y cuerpos clandestinos. Guatemala, no cabe duda, seguirá siendo un castillo inexpugnable de la narcocleptodictadura. Por tanto, la existencia de un Estado moderno, eficiente para todos, capaz de prodigarnos civilización, progreso y paz, donde las costumbres de la sociedad y las leyes se refuercen mutuamente, seguirá siendo una Utopía.